Entre las dificultades que vive en la actualidad el sector agropecuario en Colombia se encuentra los pagos de compradores a nuestros campesinos, la razón es la siguiente: al no ser cancelados los productos contraentrega, colocan en dificultades al productor y en estos casos toman fuerza los intermediarios, ante los cuales, en algunas ocasiones, se presentan abusos y manipulación en precios y condiciones, especulando así tanto con los precios de compra a los productores campesinos, como con los precios al consumidor final.
El productor invierte recursos , tiempo, conocimientos y fe en que tendrá una buena cosecha y que en el momento de su venta su producto será pago a buen precio, y es en ese instante en el que cambian las condiciones.
Cuando se llega el momento de cosechar, se deben contratar obreros, transporte, entre otros, para lo cual es necesario muchas veces solicitar préstamos; también puede darse el que se tengan cuotas de banco por vencerse o vencidas, condiciones que ejercen presión sobre el productor, dejando como única opción el vender o vender. Dadas las circunstancias nuestro campesino no puede vender a grandes superficies, proveedores de Programas del Estado, como el Plan de Alimentación Escolar, ICBF, Fuerzas Militares, Red Hospitalaria, entre otros, que podrían pagar mejor sus productos pero tendrían que esperar 15, 30, 45 o más días.
Teniendo en cuenta lo expuesto, surge la necesidad del estado de constituir un Fondo de Garantías Comercial, con una funcionalidad que se podría estructurar de tal forma que llegara a convertirse en el aval para que nuestro campesino, una vez coseche y entregue su producción, cobre de inmediato con su certificado de entrega de mercancía con cargo al Fondo; y una vez se agote el plazo pactado con el comprador, este deberá cubrir el valor facturado por nuestro productor en el mencionado Fondo de Garantías Comercial.